Por: Mg. José Luis Rivera – Gerente General de Professional Trust, S.A.

La prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción normada por la Ley 23 de 27 de abril del 2015, sus reglamentaciones y acuerdos emitidos por la Superintendencia de Bancos tiene como su ámbito de alcance a las empresas fiduciarias que en cumplimiento a ese marco normativo, tienen la obligación suministrar al regulador en el tema de prevención, información relativa al último beneficiario persona natural principalmente.

Las entidades financieras que operan fideicomisos además de llevar a cabo sus procesos de conocer a su cliente, y al beneficiario final, recabar información de debida diligencia y los procesos que nos permitan identificar a Personas Políticamente Expuestas y la identificación en Listas Negras, también lleven a cabo un análisis del esquema operativo del fideicomiso.

Se debe tener una clara definición de la procedencia de las riquezas de los bienes o recursos financieros que serán aportados al fideicomiso. Si el fideicomiso va a manejar recursos financieros, llevar a cabo una buena identificación del origen de los fondos que serán acreditados en el fideicomiso es necesaria.

Es imprescindible establecer los controles necesarios que nos permitan detectar cualquier desviación y para ello se hace necesario cumplir con todos los requerimientos legales en materia de prevención de BC/FT/FPADM, con la información que suministren los fideicomitentes.

También se debe asegurar con certeza la identidad de los fideicomitentes y de que es adecuado ofrecerles los productos o servicios solicitados. Este conocimiento implica documentar adecuadamente en los expedientes la identificación del verdadero dueño o beneficiario final. Por ello, cada vez que se modifiquen las normativas o se reciban
recomendaciones de asesorías o del regulador, es necesario modificar o actualizar los procesos de debida diligencia, lo que conlleva a fortalecer las políticas en esta materia.

En Panamá, se han fortalecido las normas en materia de prevención de blanqueo de capitales para garantizar la transparencia del sistema financiero. Por lo tanto, debemos cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones legales y reputacionales, asegurando la continuidad de los servicios fiduciarios.

Por último, es crucial mantener la confianza depositada en quien administra el fideicomiso, quien, como buen padre de familia, velará por cumplir con las normativas que regulan el negocio fiduciario.